Para acelerar el despliegue de la infraestructura de red gigabit en toda Europa, la presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo provisional sobre una propuesta para sustituir la Directiva de reducción de costes de banda ancha (BCRD) de 2014 por la Ley de infraestructura gigabit (GIA).

La GIA es una pieza legislativa esencial para alcanzar los objetivos y metas de conectividad de Europa, tal como se establecen en la brújula digital de la UE para esta década, y para desplegar las redes de comunicaciones electrónicas de próxima generación en la UE.

Petra de Sutter, viceprimera belga y ministra de empresas públicas, administración pública, correos y telecomunicaciones: "En Europa, el despliegue de fibra y 5G podría ser mucho más fácil con menos administración. Estamos abordando esa carga administrativa a través de la llamada Ley de Infraestructura Gigabit. Ya hemos llegado a un acuerdo preliminar con el Parlamento Europeo. Esto permitiría a los ciudadanos europeos navegar más rápido utilizando fibra o 5G".

Mathieu Michel, secretario de Estado belga de digitalización, simplificación administrativa, protección de la privacidad y regulación de la construcción: "Con la conclusión del diálogo tripartito, Bélgica demuestra su firme compromiso con un acceso rápido y óptimo a Internet para todos. Al unificar la red en todo el territorio, estamos tendiendo puentes hacia un ecosistema europeo más amplio, lo que demuestra nuestro interés en la armonización a nivel europeo. Esta iniciativa no sólo promoverá una conectividad rápida para nuestros conciudadanos, sino también economías de escala para los operadores y empresas involucradas".

Principales objetivos de la nueva legislación

La nueva ley tiene como objetivo reducir los costes innecesariamente altos del despliegue de la infraestructura de comunicaciones electrónicas, causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos antes del despliegue o actualización de las redes. Estos procedimientos siguen siendo complejos, a veces largos y diferentes según los Estados miembros.

El reglamento también tiene como objetivo acelerar el despliegue de las redes, proporcionar seguridad jurídica y transparencia para todos los actores económicos involucrados y prever procesos de planificación y despliegue más eficientes para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Esta ley de carácter de armonización mínima también aborda el despliegue y el acceso a la infraestructura física interna. Se espera que facilite las aplicaciones transfronterizas y permita a las partes interesadas, operadores de comunicaciones electrónicas, fabricantes de equipos o empresas de ingeniería civil, lograr mejores economías de escala.

Las enmiendas de los colegisladores

El acuerdo provisional mantiene la orientación general de la propuesta de la Comisión. Sin embargo, los colegisladores modificaron partes de la propuesta, principalmente en lo que respecta a los siguientes aspectos:

Se introdujo un mecanismo de conciliación obligatorio entre organismos del sector público y operadores de telecomunicaciones como paso intermedio para facilitar el procedimiento de concesión de permisos.
Se incluyó una excepción por un período de transición para municipios más pequeños, así como disposiciones específicas para promover la conectividad en áreas rurales y remotas.
Se aclararon los factores a la hora de calcular las condiciones justas y razonables de acceso.
se introdujo una disposición específica para abordar la presencia de intermediarios entre los propietarios de tierras y los operadores de infraestructuras
Se acordaron disposiciones específicas sobre una etiqueta voluntaria de "listo para fibra" para edificios.
En el texto se incluyeron varias excepciones para infraestructura nacional crítica.

Por último, dado que el precio minorista actual de las comunicaciones reguladas dentro de la UE expirará el 14 de mayo de 2024, el acuerdo provisional prevé la continuación de la protección de los consumidores, especialmente de los usuarios vulnerables, ampliando los límites de precios, que son 0,19 euros por minuto para llamadas y 0,06€ por mensaje SMS actualmente.

El acuerdo provisional garantiza en general que los estados miembros tengan una amplia autonomía para emitir normas más estrictas y detalladas sobre varios elementos importantes de esta nueva regulación. La nueva ley se aplicará 18 meses después de su entrada en vigor y algunas disposiciones específicas se aplicarán en una etapa posterior.

Próximos pasos

Tras el acuerdo provisional, continuarán los trabajos técnicos de los expertos de ambas instituciones con vistas a presentar un texto transaccional a los colegisladores para su aprobación. Por parte del Consejo, la presidencia belga pretende presentar el texto a los representantes de los Estados miembros (Coreper) para su aprobación lo antes posible. Tras su aprobación, el proyecto de acto legislativo se someterá a una revisión jurídico-lingüística antes de ser adoptado formalmente por ambas instituciones, publicado en el Diario Oficial de la UE y entrado en vigor 20 días después de esta publicación.
Información de contexto

La directiva de reducción de costes de banda ancha (BCRD, 2014/61/UE), actualmente en vigor, tenía como objetivo facilitar el despliegue de redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad reduciendo los costes de despliegue con un conjunto de medidas armonizadas. Los objetivos digitales en los que se basó el BCRD se han alcanzado o han quedado obsoletos desde 2014. Por ejemplo, aunque la proporción de hogares europeos que tienen acceso a una red de Internet de 30 Mbps ha aumentado del 58,1% en 2013 al 90,1% en 2021, Esta velocidad ya no es una prueba de futuro, dada la creciente necesidad de las empresas y los ciudadanos de acceder a redes con una capacidad mucho mayor.

Además de los avances en las tecnologías digitales desde 2014, otros factores también han hecho necesaria la revisión del BCRD. Los bajos rendimientos sobre el capital y los altos costos de inversión que prevalecen en la industria de las telecomunicaciones han comenzado a descarrilar el progreso para alcanzar los objetivos digitales para 2030 establecidos en el programa de políticas de la Década Digital. La Comisión estima que la brecha de inversión entre el nivel actual y lo que sería necesario para alcanzar estos objetivos de conectividad es de alrededor de 65 mil millones de euros al año.

El 23 de febrero de 2023, la Comisión presentó una propuesta sobre medidas para reducir el coste del despliegue de redes de comunicaciones electrónicas gigabit y derogar la Directiva 2014/61/UE (Ley de infraestructura gigabit). El 3 de junio de 2023, el Consejo de Telecomunicaciones tomó nota de un informe de situación y el 5 de diciembre de 2023 alcanzó una orientación general sobre este expediente.