Para garantizar un despliegue más rápido de la infraestructura de red digital en toda Europa, el Consejo ha adoptado la Ley de infraestructura del gigabit, que sustituirá a la Directiva de reducción de costes de la banda ancha (BCRD) de 2014. La nueva ley pretende simplificar y acelerar el despliegue de redes de alta velocidad, como la fibra y la 5G, con vistas a alcanzar los objetivos y metas de conectividad de Europa establecidos en la brújula digital para esta década.

La adopción de la Ley de Infraestructuras del Gigabit refleja nuestro compromiso de reducir la carga administrativa e impulsar el despliegue de redes de alta velocidad. Esto permitirá a nuestros ciudadanos navegar más rápido y tener una mejor experiencia digital utilizando fibra o 5G».

El nuevo reglamento también pretende reducir los costes innecesariamente elevados del despliegue de redes de alta capacidad causados en parte por los procedimientos de concesión de permisos. Estos últimos se simplificarán mediante un mecanismo obligatorio de conciliación entre los organismos del sector público y los operadores de telecomunicaciones. La nueva legislación aportará además más transparencia y garantizará una planificación eficaz para los operadores de redes públicas de comunicaciones electrónicas.

Para lograr un mejor acceso a los servicios de la sociedad de la información por parte del público y las empresas, la ley de infraestructuras gigabit también aborda el despliegue y el acceso a las infraestructuras físicas dentro de los edificios.

Además, la nueva ley permite cierto grado de flexibilidad a los Estados miembros, como las excepciones para infraestructuras nacionales críticas.

Por último, dado que el actual límite de precios al por menor para las comunicaciones intracomunitarias reguladas expirará el 14 de mayo de 2024, se prorrogan hasta el 30 de junio de 2032 los límites actuales de 0,19 euros por minuto de llamada y 0,06 euros por mensaje SMS para garantizar la protección, especialmente de los consumidores vulnerables.
Próximos pasos

El texto se publicará en el Diario Oficial de la UE en los próximos días y entrará en vigor tres días después de esta publicación. La nueva ley se aplicará 18 meses después de su entrada en vigor, con algunas disposiciones específicas aplicables en una fase posterior.

Antecedentes

Los objetivos digitales en los que se basaba la BCRD se han alcanzado o han quedado obsoletos desde 2014. Además, otros factores han hecho necesaria su revisión. La baja rentabilidad de los fondos propios y los elevados costes de inversión que prevalecen en el sector de las telecomunicaciones han empezado a hacer descarrilar el avance hacia la consecución de los objetivos digitales para 2030 del programa político de la década digital, con un déficit de inversión de unos 65 000 millones de euros anuales.

La Comisión (Thierry Breton, comisario de Mercado Interior) presentó en febrero de 2023 la propuesta de ley de infraestructuras gigabit. Alin Mituta (Renew Europe / RO) fue el ponente del Parlamento Europeo sobre este expediente y el 6 de febrero de 2024 se alcanzó un acuerdo provisional entre los colegisladores.

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