La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, un régimen español de 500 millones de euros puesto a disposición a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ("MRF") para apoyar el despliegue de infraestructura de red troncal de banda ancha en zonas rurales. La medida forma parte de la estrategia de España para atender las necesidades de los ciudadanos y las empresas en el contexto de la digitalización del país. El plan también contribuye a los objetivos estratégicos de la UE relacionados con la transición digital.

La Vicepresidenta Ejecutiva Margrethe Vestager, responsable de la política de competencia, ha declarado: "Este plan español de 500 millones de euros, financiado a través del Mecanismo de Recuperación y Reactivación, apoyará el despliegue de redes troncales de banda ancha que fomentarán el desarrollo de servicios móviles eficaces en España. Esto ayudará a los consumidores y a las empresas de las zonas rurales a acceder a servicios móviles de alta calidad, contribuyendo al crecimiento económico de España y a los objetivos estratégicos de la UE relativos a la transición digital".

La medida española

El régimen, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025, se financiará a través del FRR, tras la evaluación positiva por la Comisión del Plan de Recuperación y Resiliencia ("PRR") español y su adopción por el Consejo. El PRR español incluye importantes proyectos de inversión en el sector de las comunicaciones electrónicas, incluido el despliegue de redes móviles eficaces. El régimen aprobado hoy se refiere al despliegue de redes troncales de banda ancha.

En virtud del régimen, la ayuda adoptará la forma de subvenciones directas a los proveedores de comunicaciones electrónicas y a las empresas de infraestructuras. Los beneficiarios se seleccionarán mediante un procedimiento abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. El importe de la ayuda por beneficiario no superará el 90% de los costes subvencionables. La medida financiará el despliegue de redes de retorno de banda ancha basadas en fibra para conectar determinadas estaciones base situadas en municipios de menos de 10.000 habitantes y que, a 31 de diciembre de 2025, no dispondrán de una en ausencia de apoyo público.

El objetivo del régimen es garantizar una amplia disponibilidad de redes móviles de alto rendimiento, capaces de prestar servicios de acceso a las comunicaciones electrónicas fiables y de alta calidad a los usuarios finales, satisfaciendo sus necesidades actuales y futuras.

Evaluación de la Comisión

La Comisión evaluó el régimen con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite las ayudas estatales destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas.

La Comisión constató que
La medida es necesaria y proporcionada para hacer frente a las deficiencias del mercado, a saber, la ausencia de conexiones de retorno actuales o previstas en las zonas objetivo, que suelen estar situadas en zonas remotas y escasamente pobladas de España. La existencia de una deficiencia del mercado se ha evaluado mediante una cartografía de la infraestructura de banda ancha actualmente disponible y prevista, así como mediante una consulta pública llevada a cabo por las autoridades españolas.
La medida tiene un efecto incentivador, ya que facilita el despliegue de redes de retorno de alto rendimiento que los operadores privados no están dispuestos a desplegar debido a los elevados costes de despliegue. El régimen mejorará la disponibilidad de servicios móviles eficaces e innovadores en las zonas objetivo en beneficio de los consumidores, las empresas y el sector público. Además, contribuirá a corregir las desigualdades sociales o regionales, en particular en las zonas rurales.
El régimen cuenta con suficientes salvaguardias para garantizar que se limiten las distorsiones indebidas de la competencia y que la ayuda no afecte negativamente a las condiciones comerciales en contra del interés común. En particular, todos los beneficiarios del régimen serán seleccionados mediante un procedimiento de selección abierto, competitivo, transparente y no discriminatorio. España también fomentará la reutilización de las infraestructuras existentes. Por último, la medida garantiza un acceso mayorista equitativo, abierto y no discriminatorio a las redes subvencionadas.
Sobre esta base, la Comisión aprobó el régimen español con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE.